...Estoy sorprendido de lo que se dice respecto al pago de las prestaciones sociales a los profesores universitarios. Pareciera que se trata de un tema jamás tratado. Todo lo que está sucediendo se advirtió oportunamente y, la comunidad profesoral guardó silencio profundo, al parecer, el asunto no era con ella.
Llegó el día de pagar o no pagar, de encarar la realidad, de ver las cosas de frente, de saber que todos los problemas nos tocan, que no somos inmunes a nada.
Debo decir, con absoluta responsabilidad, que lo que está sucediendo con respecto al pago de las prestaciones sociales es de responsabilidad, en 1er lugar, de las Universidades; en 2do lugar del gobierno; en 3er lugar de las diferentes asociaciones de profesores; y, en 4to lugar, de los profesores universitarios. El orden es, simplemente, expositivo, puede colocarse, perfectamente, a la inversa.
Soy testigo de excepción de todo lo que se ha trabajado para que las aguas no llegaran a este mar de improvisación y locura colectiva.
En 1997, a propósito de la reforma parcial de la LOT, advertimos sobre lo inconveniente que resultaba cambiar de régimen, logramos que se incorporara una disposición transitoria, artículo 672, para preservar los regímenes de prestaciones sociales más favorables, es decir, los de orígen contractual. En ese mismo momento recibimos todos los ataques posibles y desde distintos frentes universitarios se propició el cambio de régimen. Los resultados están a la vista.
En el seno de las Universidades, partiendo de cero, se cuantificó e individualizó la deuda. Se hizo un conjunto de recomendaciones, entre otras, pagar correctamente a toda persona que terminase la relación laboral y constituir los fondos o fideicomisos de prestaciones sociales para el personal activo, nada se hizo y nadie lo exigió.
En el año 2000 se constituyó la comisión técnica FAPUV-Gobierno, en conversaciones técnicas con el General Guaicaipuro Lameda, Director de la OCEPRE, se estableció un cronograma de pagos para activos y jubilados, Se empezó a pagar. Surgieron los vebonos, es decir, una emisión de deuda pública como debe ser. Mediante procedimiento claramente establecido, los profesores pasamos a ser tenedores de bonos, custodia de la Caja Venezolana de Valores, titularización y canje mediante Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje.
La Dra María Luisa Maldonado asumió el control del asunto de prestaciones sociales en todo el sector público. La Universidad de Carabobo fue dotada de tecnología para ello y empezó a liderizar el tema de la deuda y su cálculo. Recopiló toda la data del sector universitario y de todo el sector público.
Apareció la OPSU y sus instructivos hasta el 2007. Nadie se preocupó por la vigencia de la Contratación Colectiva. Se pagó como se quiso. Nadie reparó si se pagaba bien o mal. A muchos profesores les escuché las dos frases que se dejan oir todavía: "Cobrando aunque sea fallo", "la deuda es impagable".
En la OPSU, con el Dr. Fuenmayor, llegamos a muchos acuerdos. Siempre animados, simplemente, por la buena voluntad de un funcionario gubernamental.
La Universidades, siguieron silentes.
Llegamos a 2010, 2011 y 2012. Acuerdos con el Director de la OPSU, Dr. Antonio Castejón, ... se firmó un documento contentivo de los acuerdos.
Mesas de Diálogo. Informe de la Mesa sobre Prestaciones Sociales. Invitación de la OPSU. Cronograma de Pagos. Acuerdos Básicos. Instructivo 2012. Rechazo Instructivo 2012. nueva Invitación de la OPSU-Contraloría General de la República, para establecer los acuerdos siguientes:
Cálculo de las Prestaciones Sociales y sus intereses conforme lo establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Trabajo y la Contratación Colectiva.
Responsabilidad de cada Universidad. Cada Universidad hará los cálculos, entregará la data a los interesados (profesores), al gremio y a la Unidad de Control Interno para su certificación, en un lapso perentorio, fijado expresamente para cada Universidad.
Las Universidades fueron sorprendidas. Las encontraron desnudas. Sin información actualizada. Con data preñada de errores, sin saber que hacer. Abandono del Instructivo 2012. Atracción por el Instructivo 2007.
Se prepara la data, se envía, al parecer, con errores, no se informa a nadie sobre su contenido y criterios aplicados. Se devuelve la data para corrección de errores, todo a espaldas del profesorado. Gremios y profesores, bien, gracias.
Se anuncia el pago con bonos. Viene la argumentación legal en contra. Las Universidades, como siempre, en silencio, no es asunto de ellas, hay renuncia expresa de la autonomía administrativa y organizativa. Ya nada importa. Que cada quien se defienda como pueda. Un mundo de confusión. Anuncios. Cambio de señas todos los días. Listas. Criterios discrecionales. Conformidad. Inconformidad. Nada cierto. Incertidumbre. Caos.
Nueva Ley Orgánica del Trabajo. Criterios determinantes. Pago en moneda de curso legal, en efectivo, máximo dentro de los 5 primeros días de terminada la relación laboral. Intereses de mora. Eliminación de los regímenes de prestaciones Sociales de fuentes distintas a la Ley. Nadie se percata de ello. Afecta a los profesores activos, pero ellos guardan silencio, de nuevo, el asunto no es con ellos.
Las Universidades, me refiero, Autoridades, no hacen nada, tampoco. Deben constituir los fideicomisos y fondos de prestaciones sociales y no lo hacen.
La guinda de la torta, la serie de correos y protestas de quienes vieron pasar el cadáver de su enemigo por el frente de su casa., impasibles, no hicieron nada; ahora, se lamentan, es tarde, ya.
Esta es la historia a grandes saltos. Todo está documentado. Desde hace más de 20 años he sido un predicador en el desierto. Estos, en mi opinión, son los asuntos de fondo que interesan discutir. No las tribialidades.
Importante es la determinación de responsabilidades. Por mi parte, responsabilizo de lo sucedido, a mi patrono, la Universidad Central de Venezuela.
Saludos.
Absalón Méndez Cegarra.
NOTA RESUMEN DEL E-MAIL ORIGINAL DEL PROF. ABSALON.
Saludos
Prof. Héctor Allán Núñez Sotelo.
Cortesía del Profesor Héctor Núñez de la UCLA
