miércoles, 11 de enero de 2012

El Vicerrector Administrativo de la Universidad de Carabobo habla sobre el instructivo para el cálculo de los pasivos laborales

NOTITARDE

Valencia, enero 10 (Vanessa Carreño Rojas).- Para el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), profesor José Ángel Ferreira, el nuevo instructivo de cálculo de las prestaciones sociales que presentó el fin de semana la Opsu, "elimina la capitalización de los intereses", situación que "perjudica gravemente" no solo a los 6 mil 439 trabajadores de la máxima casa de estudios de la región, sino también a toda la administración pública del país, puesto que disminuye entre un 30 y 60 por ciento lo que le corresponde a cada empleado. "Es decir que sus expectativas estarán ampliamente devaluadas".

Ante este panorama, Ferreira exhortó al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, a que evalúe con detenimiento dicho instructivo "porque estoy seguro de que su intención era cancelar una deuda social laboral, pero completa", sin embargo, aclaró que con este nuevo procedimiento se está haciendo todo lo contrario.

Ferreira explicó que dicho instructivo de cálculo presentado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, es distinto al calculado por las universidades nacionales, pues elimina la capitalización de los intereses y los convierte en intereses de mora, que no son capitalizables y que "producen un gran daño a la comunidad universitaria".

En este sentido, el Vicerrector expuso detalladamente los dos panoramas a los que se enfrentan las universidades del país con la implementación de este nuevo instructivo; puesto que afecta no solo al personal jubilado desde el año 1998 hasta el 2011, sino que también influye en las instituciones que fueron transferidas al nuevo régimen, que en el caso específico de la UC, fue a partir del 2001.

Eliminación de la capitalización afecta a todos los trabajadores

En una rueda de prensa realizada este martes en el despacho del Vicerrectorado Administrativo de la UC, Ferreira señaló que durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el año 1975, se estableció "la retroactividad de las prestaciones sociales", es decir, que a partir del día siguiente de su fecha de jubilación tenían derecho al cobro de intereses sobre sus prestaciones calculados a la tasa pasiva de los bancos venezolanos (8% promedio); intereses que eran capitalizables anualmente, es decir, que pasaban a formar parte del capital de sus prestaciones y sobre cuya suma ganarían nuevos intereses.

No obstante, con el nuevo instructivo de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) -que fue realizado bajo las directrices del Ministerio de Finanzas-, no será de esta manera, porque ahora el Ejecutivo no considerará intereses sobre capital luego de que el trabajador se jubila, pasando a considerarse intereses de mora, los cuales no son capitalizables afectando por ende a una gran cantidad de obreros, empleados y docentes de la Universidad de Carabobo del régimen viejo.

Ferreira explicó que para este nuevo instructivo de pago, el Gobierno Nacional se está basando en la sentencia número 434, de fecha 10 de julio de 2003 y que fue dictada en fecha 16 de octubre de 2003 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Resaltó que este nuevo instructivo deja sin efecto a los anteriormente promulgados por la Opsu; sin embargo, trajo a colación que en el pasado, a los trabajadores se les pagó con intereses en base a la tasa promedio pasiva y capitalizable. Ante ello, manifestó que "no seguir pagando de esta manera, sería un acto de injusticia y desigualdad".

Con respecto al personal involucrado en el nuevo régimen, al cual pertenece la Universidad de Carabobo al ser transferida en el año 2001, y en el que también están la Universidad de Los Andes (ULA), Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet) y los empleados administrativos de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), el Vicerrector dijo que todo el personal que estaba activo hasta julio del año 2001, recibió un bono de transferencia de Bs. 3.600, monto que se restaba del capital de prestaciones sociales.

Agregó que en esa oportunidad el Gobierno se comprometió a pagar el saldo de dicho capital en un plazo de cinco años -según la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT)-, a una tasa promedio entre la tasa activa y la pasiva, siendo entonces mayor que la tasa pasiva del régimen viejo.

"Esta deuda calculada de esta misma manera está siendo reconocida por las nuevas disposiciones del Ejecutivo Nacional. A partir del año 2006, con base al artículo 668 de la LOT, el Gobierno debe pagar los intereses a tasa activa y así lo reconoce, pero con el cambio profundo de que los toma como intereses de mora y por tanto no capitalizables. Este aspecto también lesiona seriamente a los trabajadores", aseguró.

"La universidad venezolana no puede aceptar estas nuevas condiciones. Tenemos hasta el 23 de febrero para ello y antes necesitamos reunirnos urgentemente con el Ejecutivo Nacional para plantear que esto no es lo adecuado", señaló el profesor Ferreira.

Núcleo de Vicerrectores analizará instructivo de pago

De igual forma, informó que la próxima semana se convocará al Núcleo de Vicerrectores Administrativos "para precisar nuestras diferencias con respecto a este instructivo de la Opsu para el cálculo de las prestaciones sociales de la familia universitaria".

La autoridad ucista solicitó que se le respete a las universidades amparadas bajo el régimen viejo, la forma de cálculo y pago de las prestaciones sociales como se ha venido pagando hasta el momento. Y en el caso de las universidades bajo el régimen nuevo, exigió que se respete la ley, porque los intereses sobre prestaciones sociales son capitalizables.

"Llamamos a la unión de todos los universitarios sin distingo ideológico ni político, en el entendido de que ésta es una lucha por la familia universitaria y que no era la intención de quienes hicieron la propuesta inicialmente, dado que esto afectará a toda la administración pública del país. En alguna parte hay un error de interpretación que perjudica a 6 mil 439 trabajadores de la UC, más de cincuenta mil en toda la educación superior y a más de medio millón de personas de la administración pública. Por ende estoy convencido de que se debe y se va a rectificar este criterio ampliamente perjudicial para el trabajador venezolano", finalizó.

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